Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, explicó las acciones que ahora adoptarán los mandatarios seccionales ante la amenaza que representa acto administrativo nacional para los territorios.
Bogotá.. Echando mano de herramientas jurídicas, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó el camino que ahora seguirán los mandatarios regionales de Colombia para contrarrestar los efectos nocivos del Decreto 1474 expedido por el Gobierno Nacional a finales del año 2025; considerado un “asalto centralista a las finanzas de los territorios”.
Video:Adriana Magali Matiz Gobernadora del Tolima
“En primer lugar, vamos a realizar una excepción de inconstitucionalidad para no dar aplicación a este Decreto de Emergencia Económica y sobre todo en el tema de los tributos que tanto nos afectan. En segundo lugar, vamos a intervenir ante la Corte Constitucional en nombre de todos los departamentos; vamos a tener la intervención de cinco gobernadores allí en la Corte Constitucional y; por supuesto vamos a hacer llegar nuestros argumentos jurídicos, técnicos, legales, para sustentar el inconformismo y lo que consideramos que es completamente inconstitucional con la emisión de este decreto”, esgrimió la mandataria.
Otro de los mecanismos acordados por los mandatarios en la Cumbre de este jueves es la tutela: “Yo creo que estamos a punto de una emergencia económica y social en los departamentos y lo digo no solamente por la expedición de este decreto, sino también por el aumento del salario mínimo legal mensual. Fíjense ustedes que con ese aumento de casi el 24% nosotros tenemos unas afectaciones supremamente graves. Nada más en el PAE, les pongo el ejemplo, las manipuladoras de alimentos, donde habíamos hecho una previsión en el caso específico del departamento del Tolima del 7% y a estas manipuladoras vamos a tener que aumentarles casi 24%”, complementó la gobernadora del Tolima al responder a comunicadores de medios nacionales.
Adriana Matiz también argumentó que aumentarán los costos de las obras públicas y disminuirán los recursos para inversión. Así mismo reiteró que todos los gobernadores aplicarán la excepción de inconstitucionalidad como una herramienta jurídica que permite a las autoridades inaplicar una norma de rango legal, como una ley o decreto, en un caso concreto; si esta contradice claramente la Constitución.
“Vemos que es un instrumento y una herramienta jurídica que tenemos para no aplicar esa norma que tanto afecta a las finanzas de nuestros territorios. Es que aquí hay que recordar que el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos los constituyen precisamente los licores. Nosotros estamos dando aplicación a las herramientas jurídicas que tenemos en estos momentos y por eso vamos a acudir ante la justicia para que sean, obviamente, los órganos competentes los que nos den la razón en ese sentido”, arguyó Matiz.
En síntesis, la jefe de la Administración Seccional tolimense concretó las acciones a seguir por parte de los mandatarios de Colombia: “Vamos a impetrar una acción de tutela, vamos a solicitar la intervención ante la Corte Constitucional y vamos a hacer uso de una figura jurídica como es la excepción de inconstitucionalidad; estamos en todo nuestro derecho porque creemos que vulnera, flagrantemente, los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia
